Riesgos. Resistencia. Derechos. Responsabilidades.
La Vida Frente a la Deportación investiga los efectos que tienen las políticas de inmigración en Estados Unidos sobre los solicitantes de asilo y migrantes en tránsito que son confinados, obligados a volver o en riesgo de ser devueltos a México y Guatemala, como resultado de acuerdos sobre procedimientos de asilo en terceros países. También, explora cómo estos actores y sus familias experimentan los riesgos e inseguridad de estas políticas, así como la forma en que navegan y mitigan sus efectos.
Este proyecto busca responder a las siguientes preguntas:
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¿De qué formas las políticas de separación y deportación han afectado el bienestar de niños, padres y otros miembros de familia en México, Guatemala y los Estados Unidos?
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¿Cuál ha sido el impacto de otros acuerdos sobre procedimientos de asilo en terceros países y en el extranjero, en el bienestar de personas migrantes y solicitantes de asilo?
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¿Cómo las personas migrantes retornadas a la fuerza (o en riesgo de ser retornadas) navegan las experiencias (o el riesgo) de la detención y la deportación?
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¿Cómo los actores y agencias que proveen asistencia humanitaria, así como la sociedad civil, pueden mejorar la protección de solicitantes de asilo y migrantes en tránsito en México, Guatemala y los Estados Unidos a través de la defensa y litigación estratégica?
A la izquierda…
Trump seras el que enciende el fuego de la Resistencia de los pueblos.
‘Trump, you’ll be the one to light the fire of resistance in people’.
imagen de Martha Victoria Ríos Infante
Acerca del Proyecto
La Vida Frente a la Deportación es un proyecto piloto de investigación con un año de duración y co-diseñado por académicos de Australia, Estados Unidos, Guatemala, México y el Reino Unido. El mismo marca un giro innovador en el estudio comparativo del desplazamiento forzado y el impacto transnacional de la separación y detención de familias en el "Sur Global". También, reúne a académicos y profesionales en los campos de los estudios migratorios, derecho, salud, educación, ética, estudios de desarrollo, antropología, geografía y sociología. Este proyecto tiene una sólida dimensión humanitaria, adoptando un enfoque basado en derechos y participación, con el fin de explorar cómo los solicitantes de asilo y migrantes retornados navegan y mitigan las deficiencias del sistema de asilo y sus riesgos inherentes. Además, sienta las bases para la creación de un programa de investigación más extenso y similar, en esta región y otras.
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Objetivos estratégicos.
El Proyecto está enmarcado por el Pacto Mundial sobre Migración y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que forman parte de la Estrategia de Ayuda del Reino Unido. Los ODS más relevantes están relacionados a garantizar una vida sana y el bienestar para todos (ODS3); una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos (ODS4); igualdad de género (ODS5); la facilitación de una migración segura (ODS10); y el desarrollo pacífico e inclusivo de las sociedades, proveyendo acceso a la justicia y construyendo instituciones efectivas, transparentes, responsables e inclusivas en todos los niveles (ODS16).
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Contextos de investigación
Guatemala
Guatemala es tanto un país emisor como receptor de migrantes internacionales hacia y desde Centroamérica, México y los Estados Unidos. Un gran número de personas comenzaron a migrar en la década de 1980, a raíz de las guerras civiles que afectaron a los países centroamericanos, con la mayoría de personas llegando a Estados Unidos, Canadá y México. Si bien las siguientes décadas se caracterizaron por una caída en la migración desde estos países, en la última década, la migración ha ido en aumento a raíz de los altos niveles de pobreza extrema y violencia, principalmente relacionados con el narcotráfico y las pandillas.
En los últimos años, Estados Unidos y México han implementado políticas cada vez más agresivas con el fin de disuadir la migración. Tan solo en 2019, 55,000 ciudadanos guatemaltecos fueron deportados por vía aérea desde Estados Unidos a Guatemala. En el mismo año, unos 134,000 ciudadanos centroamericanos (de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) fueron deportados por tierra desde México a Guatemala. Durante el periodo de Enero – Abril 2020, un total de 22,946 ciudadanos guatemaltecos han sido deportados desde México y Estados Unidos, entre ellos 1,505 menores no acompañados.
Si bien los migrantes deportados provienen de diferentes partes de Guatemala, la mayor parte proviene de unos 40 municipios con una población mayoritariamente indígena, que vive en altos niveles de pobreza. Once de estos municipios, cuentan con el apoyo de CEGSS, una de las organizaciones colaboradoras de este proyecto, quien apoya a estas comunidades mediante la investigación y asistencia técnica.
México
Considerado como la ‘frontera vertical’, durante las últimas dos décadas México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Como resultado de los cambios en políticas migratorias y de asilo, en particular el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), México se ha convertido cada ves más en un país de destino para miles de migrantes que no pueden regresar a sus países de origen y que se encuentran atrapados por un sistema de inmigración que les niega vías legítimas de movilidad.
Niños y adolescentes, el 98% de ellos originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador, se encuentran entre aquellos con posibilidad de ser arrestados y detenidos por las autoridades de migración mexicanas. Numerosos estudios han demostrados que estos huyen de la violencia y las bajas condiciones socioeconómicas en Centroamérica. Datos oficiales del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación, muestran que el número de arrestos y deportaciones de niños, niñas y adolescentes no acompañados ha crecido de manera constante desde 2010, alcanzando un pico de 40,114 menores en 2016. Después de una disminución de arrestos en 2017, el número ha ido en aumento nuevamente, con los medios de comunicación reportando que las detenciones superaron los 40,500 arrestos en 2019.
Las políticas migratorias actuales, centradas en la detención y la disuasión, niegan a los niños y adolescentes migrantes el derecho a solicitar asilo y protección internacional. En cambio, muchos son enviados a México para esperar sus audiencias, a menudo de forma indefinida y viviendo en condiciones extremadamente peligrosas y precarias. Esta dinámica ha desencadenado un importante proceso de construcción de mecanismos de protección para menores migrantes que podrían ser bastante prometedores, pero que aún no se han implementado en su totalidad.
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Estados Unidos
Con más inmigración que cualquier otro país en el mundo, Estados Unidos también es el líder mundial en deportaciones. A raíz de sus estrechos vínculos económicos, históricos y culturales con México, la inmigración entre ambos países ha resultado en polémicas batallas políticas durante la mayor parte de un siglo. Durante décadas, la ejecución de las leyes de inmigración y la expulsión de personas se centraron casi exclusivamente en ciudadanos mexicanos.
El endurecimiento de la frontera entre Estados Unidos y México, y la expansión de la Patrulla Fronteriza Estadunidense, ha provocado la muerte de más de diez mil migrantes desde mediados de la década de 1990. La política de Prevención a través de la Disuasión, comenzó en la ciudad de El Paso en 1993, con el deseo expreso de empujar a los inmigrantes indocumentados fuera de las áreas urbanas hacia el duro terreno desértico. Esto no disminuyó la inmigración de México y simplemente provocó más muertes. Con el tiempo, el sistema de inmigración ha introducido nuevos castigos para inmigrantes, tales como cargos por entrada y reentrada ilegal (USC 1325 y 1326), lo cual ha incrementado la detención y la ejecución de las leyes migratorias al interior de los Estados Unidos.
Desde 2014 ha habido cambios importantes en el tipo de migración a lo largo de la frontera. Esto ha incluido un aumento en las familias y menores no acompañados provenientes de Centroamérica que cruzan, y un incremento en la solicitudes de asilo en comparación con la inmigración indocumentada. Este cambio ha sido impulsado en gran medida por el aumento de la violencia en Centroamérica, y por un aumento en la disponibilidad de ayuda humanitaria y representación legal. A pesar de los esfuerzos de la administración del presidente Trump para poner fin al asilo a través de políticas como la separación familiar, restricciones a personas que viajan a través de terceros países y el controversial Protocolo de Protección a Migrantes (También conocido como el programa ‘Remain in Mexico’), en 2019 se observaron casi un millón de solicitudes de asilo a lo largo de la frontera sur.
Galería
La Vida Frente a la Deportación investiga los efectos de las políticas de inmigración de los Estados Unidos en solicitantes de asilo y migrantes en tránsito que son confinados, obligados a volver o en riesgo de ser devueltos a México y Guatemala, como resultado de acuerdos sobre procedimientos de asilo en terceros países. También, explora como estos actores y sus familias experimentan riesgos e inseguridad a raíz de estas políticas, así como la forma en que navegan y mitigan sus efectos.
Esta galería captura diversas impresiones de personas que experimentan la vida bajo el espectro de la deportación. También, comprende trabajos creados por niños y jóvenes en tránsito, así como fotografías tomadas por quienes trabajan en servicios de primera mano con comunidades migrantes.
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